Las
nuevas disposiciones reducen de forma drástica las visitas familiares —de
semanales a mensuales—, limitan las visitas íntimas a una cada dos meses,
restringen el tiempo de llamadas telefónicas a solo diez minutos por semana y
restringen las encomiendas a una vez al mes, con artículos únicamente
esenciales. La administración defiende estas decisiones como una respuesta
necesaria ante un sistema penitenciario que califican de “obsoleto” y en riesgo
constante de corrupción interna.
Sin
embargo, las reacciones no se han hecho esperar. Afuera de La Reforma,
familiares de reclusos ya se han manifestado con pancartas en mano, denunciando
lo que consideran una criminalización de su papel como visitantes. Frases como
“No somos prostitutas”, expresadas por esposas y parejas de reclusos, reflejan
el nivel de indignación generado por estas medidas que, a su juicio,
estigmatizan y deshumanizan a las personas privadas de libertad y sus vínculos
afectivos.
A
esta protesta social se suma una huelga de hambre anunciada por internos del
centro penitenciario, mientras que se ha convocado una manifestación de mayor
escala para el próximo 28 de abril, con la participación de familiares y
organizaciones defensoras de derechos humanos.
Más
allá de las tensiones inmediatas, lo que está en juego es una cuestión
profundamente delicada: el equilibrio entre la seguridad penitenciaria y el
respeto a los derechos humanos. Las limitaciones al contacto con sus seres
queridos pueden tener consecuencias psicológicas graves en los reclusos y
entorpecer los procesos de reinserción social que deberían ser el eje de
cualquier sistema penal moderno.
Al
mismo tiempo, no podemos ignorar que parte de la sociedad exige mano dura, y
considera que quienes han delinquido deben enfrentar las consecuencias, incluso
en aspectos emocionales o relacionales. Esta visión, aunque comprensible desde
el dolor de las víctimas, corre el riesgo de anular principios básicos del
Estado de derecho y de la justicia restaurativa.
Ahora
le corresponde al Estado —y en particular al Ministerio de Justicia— abrir
canales de diálogo con todas las partes involucradas: personas privadas de
libertad, sus familias, expertos en derechos humanos y operadores jurídicos.
Solo desde el diálogo y el respeto a los marcos legales nacionales e
internacionales se podrá encontrar un equilibrio que fortalezca tanto la
seguridad como la dignidad de las personas.
Desde
“La Voz de Goicoechea”, invitamos a nuestra comunidad a reflexionar y
participar en este debate. ¿Hasta dónde debe llegar el castigo? ¿Debe el
encierro significar también una ruptura emocional total? ¿Qué rol juega la
familia en los procesos de rehabilitación?
Los
leemos
Déjennos
sus comentarios y compartamos ideas con respeto, porque construir una mejor
sociedad también pasa por escuchar a quienes hoy están tras las rejas, y a
quienes desde afuera aún creen en su posibilidad de redención.
Gracias por ser parte de esta comunidad informada y comprometida con el diálogo.
Los comentarios expresados en las secciones de opinión, reclamos del pueblo, campos pagados, negociemos, en la opinión de los lectores y comentarios de terceros al final de las notas o en las páginas de redes sociales, son responsabilidad exclusiva de sus autores.
nos interesa tú opinión al respecto. Te invitamos a participar...
Pueden escríbenos también a nuestro correo electrónico
Miembro de la Red de Medios Alternativos Independientes - REDMAI
Goicoechea, San José - Costa Rica
0 Comentarios
Queremos ver tus comentarios, estos nos enriquecen y ayudan a mejorar nuestras publicaciones :
_______________________________________________