LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Isaí Jara, periodista). Como periodista, siento el deber y la obligación ética de dirigirme a mi audiencia y al público en general para aclarar una situación que ha circulado recientemente en redes sociales y algunos medios. He recibido con sorpresa y pesar que personas —algunas incluso conocidas mías— están difundiendo información sobre supuestos pagos millonarios girados a un colega periodista, específicamente casi 12 millones de colones mensuales en tractos provenientes de varias instituciones, con el propósito, afirman, de formular ciertas preguntas durante las conferencias de prensa del señor presidente.
Quiero
ser categórico y tajante: en honor a la verdad y en defensa de mi carrera
profesional, autorizo públicamente a cualquier persona, medio o entidad a
investigar mi situación personal. Invito a que revisen en los registros
contables, en las contralorías o en cualquier instancia pertinente de las
instituciones públicas si este periodista —quien escribe estas líneas— está
recibiendo o ha recibido dinero alguno del gobierno o de alguna institución
para formular preguntas, influir en la agenda política o dirigir el debate en
las conferencias de prensa.
Para
ser más claros: desde hace más de un año no visito Casa Presidencial ni asisto
a las conferencias de prensa, por razones estrictamente de salud. Además, en
los 27 años de existencia de mi medio de comunicación, solo en cuatro
oportunidades en el pasado recibimos publicidad institucional, no por favores
políticos, sino mediante la participación en los debidos procesos de
licitación. Los montos asignados por esos contratos no superaron en total los
700 mil colones.
En
mis 47 años de ejercicio periodístico nunca he utilizado esta noble profesión
para lucrar ni para favorecer a político alguno. Quiero que quede muy claro:
durante estas casi cinco décadas han pasado muchos candidatos, gobernantes y
aspirantes, y casi con todos he tenido el placer de conversar, conocerlos e
incluso entrevistarlos, pero jamás bajo acuerdos por debajo de la mesa.
Mantener
un medio de comunicación —sin importar su tamaño— es, al final, una empresa, y
como tal requiere recursos para su sostenimiento. Estos recursos pueden
provenir de la empresa privada, como es mi caso, o de contratos
institucionales, como sucede con otros colegas que han apostado por ese modelo
de financiamiento. Eso, en sí mismo, no es ilícito ni prohibido, siempre y
cuando no condicione la independencia editorial ni la ética profesional.
En
todo el mundo, los medios de comunicación recurren al respaldo empresarial para
sostener sus nóminas, que por cierto suelen ser bastante elevadas. Solo en los
países socialistas los medios son enteramente controlados por el gobierno de
turno, y su financiamiento depende de los contribuyentes, lo que genera otras
discusiones y desafíos democráticos.
Hoy
levanto la voz no solo en defensa de mi nombre, sino también de la
independencia periodística, que sigue siendo un pilar indispensable para la
democracia. Que quede constancia: mi compromiso ha sido, es y seguirá siendo
con la verdad, con la ética y con el derecho de la ciudadanía a recibir
información veraz e independiente. Nunca he estado ni estaré en venta.
Porque
en honor a la verdad, mi único interés es servir a mi audiencia, no a los
intereses del poder.
*
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