Cinco sindicatos del Poder Judicial denunciaron a los diputados Carlos Ricardo Benavides y Otto Roberto Vargas, quienes se acogieron a las amnistías tributarias incluidas en el plan fiscal aprobado en diciembre
LA VOZ DE GOICOECHEA.-Cinco sindicatos del Poder Judicial presentaron esta mañana dos denuncias penales por el presunto delito de legislación en beneficio propio contra dos actuales diputados de la Asamblea Legislativa: el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), y el segundo prosecretario Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Las denuncias alegan que los funcionarios habrían violado la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, pues ambos se acogieron a las amnistías tributarias incluidas en el plan fiscal que recién aprobaron en diciembre pasado.
Las amnistías tributarias perdonaban la totalidad de los intereses sobre montos adeudados para las personas que cancelaran los recursos en los tres meses subsiguientes a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; así como entre un 60% y un 80% de las multas, dependiendo de en cuál de los tres meses pagaran lo requerido.
En este proceso, Benavides habría pagado ¢1,7 millones, según los registros del Ministerio de Hacienda; mientras que Vargas apenas habría cancelado ¢17.000. Se desconoce, sin embargo, cuáles fueron las magnitudes de los montos condonados en multas e intereses.
Esta información quedó plasmada en las listas de beneficiarios finales que reveló Hacienda a solicitud del diputado José María Villalta, del Frente Amplio; quien debió presentar un recurso de amparo para obtener una respuesta.
En total, firmaron las denuncias el Sindicato de Servidores y Ex servidores del Ministerio Público; la Asociación Nacional de Criminalística y Afines (ANIC); la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD); el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (SINTRAJUD); y el Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD).
En las denuncias argumentan que se habría violado el artículo 48 de la ley antes mencionada, según el cual “será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo”.
Esto, dijeron los representantes sindicales, pudo haber ocurrido con la aprobación y aplicación de las amnistías, pues los diputados las aprobaron a pesar de que sabían que sostenían deudas que podían aplicar al trato diferenciado. Por ese motivo, aseguran, debieron apartarse del proceso de la confección de la ley, incluidas las votaciones.
Además, los sindicatos aseguraron que siguen revisando la lista de beneficiarios de las amnistías para identificar otros posibles diputados involucrados, a través de familiares, conocidos o sociedades, pues el delito de legislación en beneficio propio también incluye a cónyuges, compañeros, compañeras o convivientes; parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad; o empresas de todas estas personas.
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