“Como exregidor del cantón de Goicoechea, es mi obligación moral y deber cívico no callar y más bien alzar la voz, para hacer un llamado a estar alertas ante cualquier acto que violente el ordenamiento jurídico, que conlleve alterar el orden constitucional y cualquier otro acto que dañe a un gobierno local”, manifestó Salazar Agüero.
El exregidor calificó la actuación del Ejecutivo y del AyA como un “acto claro y violento contra la autonomía municipal”, al intervenir en decisiones propias del gobierno local de Naranjo.
Asimismo, hizo un llamado a las municipalidades y concejos del país para que se pronuncien frente a lo que considera un precedente peligroso:
“Hago un llamado a los gobiernos locales y concejos municipales de Costa Rica a pronunciarse y repudiar este tipo de actos para que no se vuelvan a repetir”, concluyó.
Más allá de la denuncia puntual, este episodio revive una vieja tensión entre el poder central y las municipalidades. El acceso al agua es un derecho humano, pero también un recurso limitado cuya administración recae por ley en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA).
La decisión del Gobierno de intervenir directamente en Naranjo podría interpretarse como un mensaje político: cuando la presión social es fuerte, la autonomía municipal queda en entredicho. El debate que abre Salazar Agüero pone sobre la mesa un tema sensible en la democracia costarricense: ¿hasta dónde llega la autonomía local cuando choca con decisiones de interés nacional?
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1 Comentarios
Si fue el AyA quien realizo la conexión, esta institución es el ente regulador, o sea son quienes tienen la autoridad suficiente para intervenir cualquier acueducto, ante la inoperancia del operador. La Municipalidad, tuvo que haber dado los permisos de construcción y con ello el servicio de agua, como parte de requisitos que se deben de cumplir. Ahora con la construcción realizada, al parecer no querían dar el servicio vital, contradiciéndose así misma al haber dado los permisos. Por ello, creo Yo el actuar del Aya va conforme al derecho de los ciudadanos.
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