LA VOZ DE GOICOECHEA.- El gobierno de Costa Rica formuló este jueves, a su contraparte de Nicaragua, observaciones y un advertencia respecto a un proyecto de ley nicaragüense referido a una zona en el extremo oriental de la frontera entre ambos países, informó la cancillería costarricense.
Se trata de la “Iniciativa de Ley que Declara y Define la Laguna Harbor Head como Refugio de Vida Silvestre”, que el gobierno de Nicaragua presentó, el 29 de noviembre, a la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- de ese país, indicó el ministerio, en un comunicado.
La cancillería aclaró que la Laguna Harbor Head es conocida, en Costa Rica, como Laguna Los Portillos.
Esa zona fue objeto de una disputa territorial que fue dirimida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en los fallos que emitió, respectivamente, el 16 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2018.
“Costa Rica advirtió hoy a Nicaragua de sus reservas sobre algunos aspectos incluidos en la nueva legislación impulsada por Managua en torno a la Laguna Harbor Head, pues ‘se hacen calificaciones incorrectas sobre la condición geográfica de dicha Laguna, así como sobre su conexión directa con el territorio nicaragüense”, informó la cancillería costarricense.
El contenido del proyecto de ley presenta aspectos, principalmente en cuanto a consideraciones geográficas, respecto a los cuales el gobierno costarricense tiene reservas, señaló el ministerio.
“El Gobierno de Costa Rica expresa que tiene reservas sobre algunos aspectos incluidos tanto en la exposición de motivos como en el cuerpo propio de la Ley, que hacen calificaciones incorrectas sobre la condición geográfica de la Laguna Harbor Head, así como sobre su conexión directa con el territorio nicaragüense”, indicó.
Ello ameritó el envío de una nota de la canciller interina costarricense, Lorena Aguilar, al canciller nicaragüense, Denis Moncada, de acuerdo con la información oficial.
El gobierno de Costa Rica espera que, a partir de los dos fallos de la CIJ, “existan las condiciones para llegar a entendimientos prácticos y duraderos entre ambos países sobre temas fronterizos, y espera que el Gobierno de Nicaragua cumpla a cabalidad con lo dispuesto en dichas sentencias”, señaló la cancillería, en el comunicado.
El gobierno costarricense formuló precisiones al respecto, a su contraparte nicaragüense, agregó.
“Costa Rica subrayó que, de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, del 2 de febrero de 2018 ‘la Laguna de Harbor Head es un pequeño enclave dentro del territorio de Costa Rica’, por lo que no existe conectividad directa entre el espejo de agua de dicha laguna y la barra de arena que la separa del mar con otro territorio nicaragüense”, indicó el ministerio.
En tal contexto, Costa Rica indicó que la zona marítima aludida en el proyecto de ley nicaragüense es mar territorial costarricense, agregó la cancillería.
El país “advirtió que ‘el mar al que se hace referencia en el Proyecto de ley nicaragüense, a su vez constituye mar territorial de la República de Costa Rica’, y que ‘Nicaragua no puede, sea por legislación, por actos administrativos o por actos materiales en el terreno, realizar acciones de dominio sobre el territorio o sobre la flora y fauna en esa o cualquier otra zona pertenecientes a Costa Rica’ “, señaló.
Asimismo, precisó que la situación legal de la Laguna Harbor Head y de la barra de arena que la separa del mar está sujeta a los cambios geográficos que puedan ocurrir en esa zona, informó el ministerio.
Costa Rica indicó, asimismo, que, a partir de lo establecido por la CIJ, la Laguna de Harbor Head es accesible solamente vía territorio costarricense.
“Sobre la base del fallo de la Corte Internacional de Justicia, Costa Rica recordó que el acceso a la Lagua Harbor Head, sólo es posible a través del territorio soberano costarricense. Si el ingreso es por el mar territorial costarricense y la barra de arena de la Laguna, tal acceso de Nicaragua estará sujeto a las reglas del paso inocente, regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, señaló.
Por lo tanto, el acceso de personal nicaragüense debe ceñirse a lo establecido en la legislación de Costa Rica.
Al respecto, el país advirtió, que “cualquier otro ingreso a la Laguna que no sea por el mar territorial costarricense y la barra de arena de la Laguna, deberá cumplir con los requerimientos de la legislación costarricense que regulan el ingreso de extranjeros al país”, indicó la cancillería.
También se precisó, en el comunicado, que, en el caso particular del Ejército de Nicaragua, no puede hacer ingreso a la Laguna haciendo uso del suelo costarricense.
“El Gobierno de Costa Rica está a favor de cualquier iniciativa que contribuya a la protección del medio ambiente, por lo que está en la mejor disposición de cooperar con el de Nicaragua en el desarrollo de acciones conjuntas dirigidas a este objetivo, pero al mismo tiempo permanecerá vigilante de que no se menoscabe su soberanía nacional en la zona”, manifestó, además, la cancillería.
El comunicado fue emitido cuatro días después de que el periódico opositor nicaragüense El Nuevo Diario informó sobre la presentación del proyecto de ley.
Sobre el tema del eventual acceso de personal nicaragüense al lugar, el diario de circulación nacional señaló que, “en su propuesta (el presidente de Nicaragua, Daniel) Ortega no menciona cómo harán para enviar a personal del Ministerio del Ambiente o a los equipos de científicos que piensan designar para cuidar y conservar la laguna Harbor Head, sin tener la autorización del Gobierno de Costa Rica pues obligatoriamente el personal deberá pasar por territorio costarricense”.
Tampoco se menciona la necesidad de las autoridades nicaragüenses coordinen, al respecto, con sus contrapartes costarricense, indicó el diario.
El fallo que la CIJ emitió el 2 de febrero, “resolvió el diferendo limítrofe marítimo entre Nicaragua y Costa Rica”, y “ratificó la soberanía nicaragüense sobre la laguna Harbor Head. Sin embargo, la sentencia no aclaró cómo hará Nicaragua para ejercer soberanía sobre esa laguna, ya que (…) la laguna Harbor Head quedó enclavada en medio de tierra, mar y humedades costarricenses que conforman la Isla Portillo -como la conocen en el país del sur-“, agregó.
El Nuevo Diario planteó, asimismo, la posibilidad de que la tramitación del proyecto de ley no sea más que un intento del gobierno de Ortega por genera una nueva disputa limítrofe con Costa Rica.
El periódico aludió así a la disputa entre ambos países, en torno a esa zona, así como a otros diferendos territoriales registrados, en diferentes momentos, por las dos naciones centroamericanas que frontera terrestre de 309 kilómetros, y a la violenta crisis sociopolítica que golpea, hace más de| siete meses, a Nicaragua.
En respuesta a la pregunta “¿Busca pleito?”, el diario indicó que “el régimen de Ortega está confrontado política y diplomáticamente con Costa Rica debido a que el gobierno de (el presidente costarricense) Carlos Alvarado ha sido uno de los que más ha denunciado en los foros internacionales los crímenes del orteguismo contra las protestas ciudadanas, que estallaron en abril. Alvarado ha instado al resto del mundo a elevar la presión y apoya se apliquen sanciones a Ortega”.
Se trataría de un intento por desviar la atención actualmente centrada en la dramática situación nicaragüense, enmarcada en permanente represión gubernamental antiopositora que ha cobrado centenares de vidas, planteó.
“La decisión del régimen de declarar la laguna Harbor Head refugio de vida silvestre en el actual contexto de tensión diplomática con Costa Rica podría ser intencional, para provocar otra disputa legal y así desviar la atención sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua, según un experto en derecho internacional que pidió no ser identificado”, indicó El Nuevo Diario.
Una referencia, en el proyecto de ley, al Ejército de Nicaragua, constituiría una clara provocación en ese sentido, de acuerdo con el análisis.
En el texto, “Ortega establece que ‘el Ejército, dentro de sus funciones garantizará la soberanía e integridad del refugio’. Esto para el experto sería un acto de provocación, pues en su fallo la CIJ ordenó a Nicaragua retirar a su personal militar de la zona”, precisó.
La presentación del proyecto de ley a la Asamblea Nacional de Nicaragua y la reacción del gobierno de Costa Rica tienen como marco la dramática situación nicaragüense que estalló el 18 de abril, y que ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
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